Los propietarios de la Asociación de Vivienda La Arena de Pachacámac han denunciado una serie de maniobras irregulares lideradas por la inmobiliaria Los Portales, situación donde se ven involucrados el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Pachacámac, con el objetivo de modificar la zonificación de la zona y permitir un proyecto urbanístico que contradice la normativa vigente y que ocasionaría un gran perjuicio en temas de salubridad y saturazión de servicios básicos.
La zona en cuestión está registrada como ‘Casa Huerta 2’, lo que establece un tamaño mínimo de lote de 2,500 metros cuadrados debido a la falta de servicios básicos como agua, luz y desagüe. Sin embargo, se busca construir lotes de apenas 140 – 150 metros cuadrados, un cambio que viola las regulaciones urbanísticas. Para justificar este proyecto, la inmobiliaria involucrada se ha apoyado en documentos y opiniones irregulares del Ministerio de Vivienda, a pesar de que la única entidad facultada para definir zonificaciones es la Municipalidad Metropolitana de Lima, según la Constitución, Ley 29090.
Leoncio Rodríguez, presidente de la Asociación de Vivienda La Arena de Pachacámac, ha denunciado públicamente que la inmobiliaria a todas luces ha recurrido a tácticas ilegales para obtener la aprobación de su proyecto. “Desarrollan el proyecto, contratan revisores urbanos para que firmen y se saltean las reglas”, afirmó Rodríguez, señalando que esta práctica es un claro caso de corrupción.
Los propietarios han consultado al Instituto Metropolitano de Planificación, que ha confirmado que el proyecto de Los Portales no cumple con la normativa urbanística vigente. A pesar de ello, el Ministerio de Vivienda ha emitido informes que respaldan la viabilidad del proyecto, en una evidente extralimitación de sus funciones. Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha solicitado la nulidad del proyecto, pero la Municipalidad de Pachacámac no ha tomado ninguna acción para detenerlo.
A esta situación se suma un antecedente preocupante. En un fallo reciente, el Tribunal Constitucional, en respuesta a una denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, ha limitado las facultades de las municipalidades para frenar construcciones que contravengan normas urbanas. En este fallo, la Municipalidad de Miraflores ha sido despojada de su capacidad de paralizar obras aprobadas por revisores urbanos, incluso cuando estas incumplen ordenanzas. En su lugar, solo podrá presentar quejas ante el Ministerio de Vivienda, entidad que no tiene plazos definidos para responder. Esta sentencia ha sido celebrada por el Colegio de Arquitectos y el gremio inmobiliario, pero deja en evidencia un vacío de regulación que favorece a empresas privadas y pone en riesgo el desarrollo planificado de las ciudades.
El caso de Pachacámac es una muestra clara de cómo los intereses privados intentan forzar cambios normativos en beneficio propio, utilizando informes irregulares y aprovechando la inacción de las autoridades locales.
Los vecinos afectados exigen una investigación urgente sobre las irregularidades en este intento de cambiar la zonificación, así como la intervención de organismos independientes para garantizar el cumplimiento de la ley y sancionar a los responsables.
Instamos a la sociedad civil, medios de comunicación y autoridades competentes a estar vigilantes ante este caso y evitar que intereses privados prevalezcan sobre los derechos de los ciudadanos de Pachacámac.
