El Congreso de la República del Perú aprobó la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2025, que asciende a S/ 251.801 millones, lo que representa un aumento del 4,56% en comparación con 2024. Las principales áreas de inversión serán Educación (S/ 49.611 millones), Salud (S/ 30.372 millones) y Transporte (S/ 23.114 millones). También se aprobó la Ley de Endeudamiento del Sector Público y la Ley de Equilibrio Financiero, las cuales no requieren una segunda votación según el reglamento del Congreso.
Entre los aspectos destacados, se autorizó el nombramiento de hasta el 70% del personal asistencial en Salud y se establecieron flexibilidades presupuestarias para gobiernos regionales y locales. Estos podrán usar hasta el 20% de los saldos de canon y regalías mineras para seguridad ciudadana y mantenimiento de infraestructura, siempre bajo la supervisión del Ministerio del Interior. Además, se reforzó la necesidad de aprobar modificaciones presupuestarias mediante leyes específicas, otorgando al Congreso mayor control sobre el manejo fiscal.
El presupuesto se financiará principalmente a través de Recursos Ordinarios, que suman S/ 166.875 millones, lo que representa el 66,3% del total. Estos provienen de impuestos como el Impuesto a la Renta (41,7%) y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Además, se espera que un incremento en la presión tributaria al 15,3% del Producto Bruto Interno (PBI) fortalezca la recaudación fiscal sin afectar la economía.
El 33,7% restante se financiará con otras fuentes, como Recursos Directamente Recaudados, Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones. Este enfoque diversificado busca asegurar la sostenibilidad fiscal y cubrir las necesidades del sector público, con énfasis en fortalecer la recaudación fiscal para cumplir con los objetivos nacionales.
El proceso de aprobación del presupuesto fue complejo, ya que el debate se suspendió varias veces antes de la aprobación final el 30 de noviembre. A pesar de las complicaciones, el Congreso cumplió con el plazo establecido para enviar la ley al Ejecutivo. El presupuesto de 2025 busca atender las principales demandas sociales y mejorar la infraestructura, aunque sigue siendo objeto de críticas por su sostenibilidad fiscal y su efectividad para reducir las brechas en las regiones vulnerables.
