El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, integrado por los magistrados Zaida Pérez, Inés Rojas y Richarth Quispe, sentenció a Toledo a 20 años y 6 meses de prisión efectiva al encontrarlo responsable por la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos. El exmandatario deberá pagar 240 días multa, así como también fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública por el plazo de tres años.
En tanto, los exintegrantes del comité de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, fueron sentenciados a 9 años de cárcel por el delito de colusión, mientras que el exdirectivo de la constructora ICGSA, Fernando Castillo Dibós, tendrá que enfrentar una condena de 14 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos.
Sin embargo, el juzgado suspendió la ejecución de la pena en el caso de estas tres últimas personas y ordenó que cumplan reglas de conducta, entre ellas, un impedimento de salida del país.
